POR EL DERECHO A DECIDIR

En el mes de septiembre de 2020 la Corte Constitucional recibió una demanda, interpuesta por el movimiento Causa Justa, en la que se le solicita declarar inconstitucional el delito de aborto existente en el Código Penal colombiano. La Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos  Sexuales y Reproductivos (RHUDA), fue invitada por dicha Corte para emitir un concepto técnico sobre el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en nuestro departamento.

Foto: www.rtvr.es/noticias

Por: Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos  Sexuales y Reproductivos

El cuerpo de las mujeres ha sido histórico escenario de confrontación y conquista política y social: los roles tradicionales de género han determinado que la maternidad debe ser el destino biológico -y por tanto inevitable- de las mujeres, siendo la única  forma de realización personal para todas. Se castiga socialmente a las mujeres que deciden no reproducirse, como a aquellas que optan por vivir una sexualidad placentera y autónoma. La sociedad y las instituciones toman injerencia sobre sus proyectos de vida y su salud, como si sus cuerpos fueran de dominio público. Y se asume que la anticoncepción familiar les corresponde únicamente a ellas, idea evidenciada en el desarrollo científico de más de 10 métodos de planificación para mujeres, frente a solo un par de opciones para los hombres.

Todo esto, enmarcado en el escenario nacional colombiano donde el acceso a servicios de salud dignos, o a educación de calidad, se condicionan según los ingresos económicos, según el lugar de procedencia y residencia, según el género y la pertenencia étnica, lo cual pone en evidencia las múltiples barreras para el ejercicio pleno de los derechos civiles, sociales y políticos a las que se enfrentan las mujeres. Adicional a ello, la maternidad como imposición impide reconocer su autonomía reproductiva como premisa para el reconocimiento efectivo de su ciudadanía.

De modo que la criminalización de una práctica como el aborto genera discriminación y restringe la garantía del derecho a la igualdad de las mujeres. Es esta lucha por el reconocimiento de la autonomía de sus cuerpos, el punto de partida del movimiento feminista para posicionar asuntos históricamente confinados a la “vida privada”, en un ámbito público de exigibilidad de derechos.

La denominada “marea verde”, símbolo latinoamericano de la batalla por la despenalización del aborto, tomó fuerza desde Argentina, donde después de dos intentos de legislarse, y de múltiples esfuerzos por parte del movimiento feminista, fue aprobada en el Congreso, el pasado 29 de diciembre de 2020, la ley que despenaliza en dicho país la práctica del aborto en las primeras semanas del embarazo, lo cual representa un triunfo para la garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres.

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En el caso de Colombia, donde la Corte Constitucional despenalizó parcialmente la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la declaró un derecho fundamental desde el 2006, en septiembre del año pasado el movimiento Causa Justa, que agrupa a más de 90 organizaciones y 134 activistas que buscan la despenalización legal y social del aborto, interpuso una demanda ante esta Corte solicitándole que declare inconstitucional el delito de aborto existente en el Código Penal, es decir, que ninguna mujer que acceda a la IVE en el país sea criminalizada o llevada a la cárcel por tomar decisiones sobre su cuerpo.

Los argumentos del movimiento Causa Justa para solicitar la despenalización, evidencian la inexistencia de justicia reproductiva en nuestra sociedad, lo cual se refleja en brechas como las siguientes: tan sólo entre un 1% y 9% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan de forma legal, con una gran concentración en las principales ciudades[1]; según cifras de la Fiscalía, entre el 2010 y el 2017, del total de las mujeres denunciadas por el delito de aborto el 97% pertenecían a zonas rurales; entre 1998 y el 2019 al menos el 30 % de ellas eran víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales; y el 75% del total de casos reportados hasta el año 2020 son menores de edad y/o adultas jóvenes, incluyendo casos de niñas menores de 14 años, que se presume ingresan por la causal de violencia sexual. Cifras todas que nos llevan a cuestionar el acceso inequitativo a educación sexual de calidad y a servicios de salud sexual y reproductiva integrales en todo el territorio.

Para el caso del Huila, el escenario no es muy diferente. En el mencionado proceso, la Corte Constitucional invitó a la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos  Sexuales y Reproductivos (RHUDA)[2] para intervenir, con el fin de emitir un concepto técnico sobre el acceso a la IVE en nuestro departamento. En este concepto evidenciamos que luego de casi 15 años de hacer procesos formativos alrededor de la despenalización parcial, y pese a los esfuerzos de algunas instituciones y activistas por difundir información acerca del derecho a la IVE, existe un entorno cultural permisivo con la violación de este derecho de las mujeres, con persistencia de barreras institucionales para el acceso al procedimiento en la red de salud; de igual forma, un desconocimiento del marco legal y falta de entrenamiento médico en los lineamientos indicados en las normas técnicas internacionales por parte de los proveedores de los servicios de salud, sumado al estigma que aún existe alrededor de la realización del procedimiento en un departamento altamente conservador, con el consecuente temor a ser judicializados/as por el delito de aborto que, en conjunto, propicia que las mujeres no accedan al procedimiento a través del sistema de salud.

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En consecuencia, como lo advierte el movimiento Causa Justa, la tipificación del aborto como delito es la principal barrera, impuesta por el mismo Estado, que impide el acceso pleno del derecho a la IVE, a la salud, a la igualdad, a la libertad de profesión y oficio, la libertad de conciencia, entre otros derechos fundamentales. Por estas razones, desde el Huila y las demás regiones de Colombia seguimos firmes en esta lucha que abanderamos las mujeres, en defensa de nuestros derechos humanos y el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía, insistiendo en que es una causa justa la despenalización de un delito que nos juzga por decidir autónoma y conscientemente sobre nuestros cuerpos. Una sociedad que no garantice la autonomía y justicia reproductiva, difícilmente puede autodenominarse democrática y respetuosa con los derechos humanos.

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