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lunes 23 noviembre 2020
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La lucha de las víctimas del conflicto armado con el Estado

Por: Alejandro Ospina, Christian David Mendoza, Aura Stefanía Borrero Castro y Bryllett Chaux Cortés, estudiantes de Comunicación Social y Periodismo.

La reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia es un desafío para el Estado, el cual reconoció la problemática interna del país dentro del marco de los diálogos de paz, desde el 2011, para la reparación de las víctimas del conflicto armado: ocho millones registradas hasta el momento; de estas, solo se han reparado integralmente un poco menos de un millón. Dicho escenario demanda reflexiones en torno al proceso de reparación, sus falencias y sus derroteros.

El jueves 26 de septiembre del 2016, a las 6:15 de la tarde, Colombia entonaba su himno nacional en torno a una celebración histórica: la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC-EP. Ese día los actores armados, junto al Estado, se comprometen con las víctimas del conflicto en el esclarecimiento de la verdad, la no repetición y la reparación, tomando como base la ley de víctimas. Desde que entró en vigencia la ley 1448 en el 2011 para la reparación integral de las víctimas, ocho años después, muchas de ellas siguen esperando respuestas de un Estado que les prometió oportunidades de rehacer sus vidas y que hasta ahora hace oídos sordos a sus peticiones.

Éste es el caso de Jesús Antonio Escobar Lizcano, campesino caqueteño de 70 años, quien ha pasado los últimos 17 años de su vida siguiendo la pista del paradero de sus hijos.

Jesús vivió en el corregimiento de Santa Fé del Caguán, en el municipio de Cartagena del Chairá, que funcionó como base de operaciones de las FARC; Jesús, su esposa Marlen, y sus dos hijos, Paola y Ardinson de 14 y 17 años, vivían del cultivo de maíz; sin embargo, por la poca rentabilidad de éste y por consejo de Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”, es llevado a considerar la siembra de coca como alternativa para la sostenibilidad de su hogar.

Fungiendo después como raspachín, Jesús habla de tiempos de prosperidad en su hogar:

“Vivíamos muy bueno, en un momento contraté profesores para mis hijos porque para ellos eran 11 horas de camino hasta Cartagena del Chairá(…) hasta tenía mi propio deslizador para andar en el río y para bajar a Florencia (…) Muchas veces necesitaba asistencia médica para mi mujer o mis hijos y yo iba al campamento y le decía a don Joaquín que me ayudara, él me mandaba a la finca y cuando yo llegaba ya habían 3, 4, 5 médicos”.

Sin embargo, al estar impuesto el servicio militar tanto en el ejército como en las filas guerrilleras, una mañana los hijos de Jesús son seleccionados para reclutamiento por alias “Fabián Ramírez”. Al oponerse radicalmente, Jesús es golpeado, su esposa asesinada y sus hijos, Paola y Ardinson, son apartados de él; luego fue atado, secuestrado por tres días y exiliado de la región a su suerte. Como pudo llegó al departamento del Huila, al municipio de La Plata, e inició el proceso de reparación y búsqueda de sus dos hijos reclutados por las FARC con la esperanza aún intacta de encontrarlos.

Jesús Escobar es reconocido en el año 2002 como víctima de desplazamiento forzado en el Registro Único de Víctimas (RUV); sin embargo, no recibió ninguna clase de ayuda estatal hasta 2016, cuando se le hizo entrega por única vez de una “atención humanitaria”, siendo ésta una medida consagrada por la ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas): un auxilio económico para aquellas víctimas en condiciones altas de vulnerabilidad, entregada de manera periódica en un lapso de hasta diez años.

A pesar de las condiciones de vida precarias que tiene Jesús, no recibió más apoyo económico hasta el año siguiente, cuando interpuso un derecho de petición dirigido a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), solicitando la entrega de una nueva “ayuda humanitaria” argumentando vivir solo y estar desempleado, condiciones que lo ponen en extrema vulneración de sus necesidades básicas. Dicha solicitud fue respondida positivamente, concediéndole la entrega de tres giros repartidos durante el año por un valor de 280.000 pesos cada uno, monto que es a todas luces insuficiente para la subsistencia básica de una persona en un estado tan vulnerable y precarizado.

Lo que dice la ley

Como Jesús, miles de víctimas que viven en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad se enfrentan a la inoperancia del Estado colombiano, representado en este caso en la UARIV, la cual actúa teniendo como base la ley 1448 del 2011 que recopiló una serie de medidas creadas a partir de 1998 y reconoció por primera vez la existencia del conflicto armado interno en nuestro país.

Si bien esta ley representó un avance significativo en cuanto reconoce al Estado como ente reparador y consagra distintos mecanismos para llevar a cabo esta reparación, no solo desde la mirada económica sino también encaminada a restaurar los derechos psíquicos y sociales de las personas victimizadas, termina siendo en la mayoría de casos poco operativa; por un lado, debido a la falta de recursos para su ejecución, y por otro, debido al vacío que existe en muchos puntos de su articulado.

Otro de los mecanismos de reparación consagrados en la ley 1448 de 2011 es la indemnización administrativa, entendiendo ésta como “una compensación en dinero a la que tienen derecho las víctimas por los hechos ocurridos”. Dicha compensación sólo es procedente para ciertos hechos victimizantes, como el desplazamiento forzado. Conociendo esto, Jesús presenta una solicitud en julio de 2019, buscando que su núcleo familiar (en el cual solo se encuentra él, debido a que su esposa y sus dos hijos no han sido reconocidos en el RUV como víctimas del conflicto) sea indemnizado. A partir de ese momento la UARIV tiene 120 días hábiles, según contestaron en el radicado de la solicitud presentada por Jesús, para analizar su validez y esta pueda seguir su trámite a las demás instancias del proceso administrativo mediante el cual sería indemnizado.

Teniendo en cuenta los limitados recursos dispuestos para el funcionamiento de la Ley de Víctimas, ¿bajo qué criterios la UARIV prioriza la reparación de unos reclamantes sobre otros? La norma vigente al respecto es la resolución 01958 del 8 de junio de 2018, expedida por la misma unidad; esta consagra en su artículo 4 el “Método técnico de priorización y focalización”. En él plantea que el orden progresivo en el que serán entregadas las indemnizaciones obedecerá a un análisis de variables “demográficas, socioeconómicas, de priorización del daño y de avance en el proceso de reparación integral”. Estos aspectos resultan ambiguos, ya que la resolución no consagra un procedimiento claro a seguir por el funcionario que realice el estudio de cada caso concreto; por tanto, puede resultar haciendo un análisis arbitrario o actuar bajo un criterio no unificado y poco consistente.

También refiere dicha resolución, en su artículo ocho, a las situaciones que pueden priorizar la entrega de la indemnización y menciona tres causas puntuales: edad, enfermedad o discapacidad (ver infografía 3).

Teniendo en cuenta estas disposiciones legales, el panorama para Jesús no es alentador. A pesar de tener unas condiciones de vida precarias, no aplica bajo ninguno de los criterios para ser indemnizado prioritariamente, lo que conduce a una reflexión nada descabellada: en Colombia hay que estar al borde de la muerte (en el sentido más literal de la palabra) para recibir una indemnización administrativa como medida de reparación.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

En 2016 nace el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dando cumplimiento al punto 5 de los acuerdos de paz suscritos por el Estado colombiano con las FARC-EP. Este sistema busca crear un escenario institucional transitorio, (al igual que la Ley de Víctimas cuya vigencia finaliza en el año 2021, aunque se contempla una prórroga) que contribuya a satisfacer los derechos de quienes fueron víctimas del conflicto armado y a la reconciliación nacional.

Para ello crea tres instituciones: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que funcionará durante tres años; tendrá la labor de reconstruir la memoria colectiva del conflicto y el relato histórico de los más de 60 años de guerra. La Unidad de Búsqueda para Personas Dadas por Desaparecidas, entidad de carácter extrajudicial y humanitario que funcionará durante 20 años con posibilidad de prórroga, y, la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual busca restituir a las víctimas en materia de justicia; en ella podrán comparecer, excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles, aportar al esclarecimiento de la verdad sobre crímenes particulares o representativos del conflicto, obteniendo así beneficios en las penas; tendrá una actividad inicial de 15 años, y la posibilidad de extenderse otros cinco. El Sistema Integral es una herramienta muy importante en la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto armado (el centro de la discusión, en palabras de los negociadores del acuerdo de paz) con el cual se posibilita el perdón y la reconciliación, además de generar espacios de encuentro entre los distintos actores involucrados.

Este es el andamiaje jurídico e institucional que cobija los derechos de las víctimas durante el conflicto. Si bien se constituye como mecanismo con objetivos valiosos, su implementación ha significado grandes retos principalmente de índole política, que van desde la desfinanciación por priorización de otros rubros en los Presupuestos Generales de la Nación, hasta la obstaculización de su trámite legislativo en el Congreso, como ha sido el caso de la JEP.

Por otra parte, la segregación histórica que ha habido sobre algunos sectores de la población duramente golpeados por la guerra pareciera evidenciar que para los gobiernos de los últimos 20 años existen “víctimas de primera clase y víctimas de segunda clase”, como señalaría Ronald Rojas, miembro del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en el encuentro “Hablemos de Verdad”, organizado por Colombia 2020 y El Espectador, en la ciudad de Neiva el 6 de noviembre de 2019.

Teniendo en cuenta esto, Jesús se encontraría en el grupo de víctimas de segunda clase, o como se contempla en la resolución 1049 de marzo del 2019, que se compone de tres rutas: Jesús hace parte de la ruta transitoria, en la que están quienes antes del 2019 hicieron su proceso de documentación y declaración. En ese caso, iría luego de las personas indemnizadas de manera prioritaria; como se mencionó anteriormente, al no cumplir con dichos parámetros que presenta la Ley, deberá esperar más tiempo para recibir respuesta.

La UARIV indicó que la mayor infracción al Derecho Internacional Humanitario es el desplazamiento forzado, con 6.509.075 víctimas a nivel nacional. En el caso del departamento del Huila la cifra es de 3.927 víctimas durante el conflicto armado, desde el año 2002, contempladas dentro de los distintos hechos victimizantes en el marco del conflicto, como asesinato, desplazamiento forzado, secuestro, homicidio, etc., y que están recogidas dentro del proceso de reparación a las víctimas. De todos los hechos victimizantes, es el desplazamiento forzado el que cuenta con el mayor número de víctimas, con una cifra de 1.362 en el Huila.

Jesús, como la mayoría de los colombianos víctimas de conflicto armado, tendrá que seguir esperando para ser reparado, enfrentándose a un Estado indolente e inoperante que hasta el día de hoy solo ha reparado al 15% de las ocho millones novecientos veinte mil cuatrocientas setenta y tres víctimas.




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